Dos décadas después de los ataques terroristas de al Qaeda contra las Torres Gemelas y el Pentágono en Estados Unidos, que dejaron un saldo de casi 3.000 muertos, ¿sabemos todo lo que hay que saber sobre estos episodios?
La respuesta es no para más de 1.600 personas, entre familiares de las víctimas y heridos por los atentados, que reclaman al Departamento de Justicia de EE.UU. la desclasificación de todos los documentos e información sobre el 11 de septiembre de 2001.
A comienzos de agosto el grupo envió una carta al presidente Joe Biden pidiéndole que no participe de los eventos conmemorativos por los 20 años de los ataques, que tendrán lugar este 11 de septiembre, a menos que apruebe la liberación de esta información.
Durante la campaña de 2020, Biden había prometido en una carta a los familiares de las víctimas que trabajaría para que el Departamento de Justicia liberara esos documentos.
El Departamento de Justicia anunció el 12 de agosto, una semana después de la carta de familiares, que revisará la información clasificada con el objetivo de determinar que parte de ella es posible liberar. Salvo una veintena de páginas, el secreto aún rodea lo que el gobierno de EE.UU. ha hallado sobre la participación -o no- de otros países en los hechos.
Luego, a comienzos de septiembre, Biden firmó un decreto que ordena al Departamento de Justicia y a otras agencias federales que revisen la desclasificación de documentos relacionados con la investigación del FBI sobre el 11S.
«El decreto requiere que el secretario de Justicia haga públicos los documentos desclasificados en los próximos seis meses», escribió Biden en un comunicado sobre la firma del decreto.
Días más tarde, el miércoles 7, la embajada de Arabia Saudita en Washington emitió un comunicado en el que da la bienvenida a la completa desclasificación de documentos, y ratificó que “no ha emergido evidencia alguna que indique que el gobierno saudí o sus funcionarios tuvieran conocimiento previo de los ataques terroristas o estuvieran involucrados de cualquier manera en su planificación o ejecución”.
La declaración dice que “tal y como lo han comprobado las administraciones de los últimos cuatro presidentes, el Reino de Arabia Saudita ha condenado y denunciado de manera inquebrantable los deplorables crímenes que tuvieron lugar contra Estados Unidos, su aliado y socio más cercano”.
¿Qué es, entonces, lo que todavía no sabemos aún del ataque terrorista más mortífero ocurrido en suelo de Estados Unidos?
El rol de Arabia Saudita
Del total de 19 terroristas que participaron en el secuestro de los cuatro aviones utilizados para los ataques terroristas, 15 provenían de Arabia Saudita, y el resto de Egipto, Líbano y Emiratos Árabes Unidos.
Osama bin Laden, líder del grupo terrorista al Qaeda que perpetró los atentados, era también ciudadano saudita y miembro de una influyente familia de negocios en el país.
Estos hechos llevaron a que desde el primer día se abrieran interrogantes sobre el presunto rol de miembros de la familia real o del gobierno de Arabia Saudita en el 11S, y todavía no hay una respuesta clara.
El gobierno de Arabia Saudita ha negado cualquier participación en los ataques, y considera que eso es totalmente infundado; al momento no hay acusaciones ni cargos judiciales contra ningún miembro del gobierno o de la familia real.
En 2017, un grupo compuesto por familiares de 850 víctimas del 11S y 1.500 heridos en aquella jornada demandó a Arabia Saudita ante la justicia de EE.UU. por supuestamente proveer asistencia material, práctica y financiera a al Qaeda. Esa fue la tercera demanda contra el reino de parte de familiares de las víctimas y heridos.
Según argumentan los demandantes, esto se habría concretado a través de diferentes ministerios, funcionarios y redes de caridad vinculadas al gobierno saudita.
«El 11-S no habría podido ocurrir sin el apoyo de Arabia Saudita a al Qaeda», dijo a CNN Jim Kreindler, abogado y copresidente del comité de demandantes.
La demanda se basa en 28 páginas de documentos desclasificados parcialmente en 2016 que sostienen que algunos de los terroristas que participaron en el 11S habrían posiblemente mantenido vínculos con el gobierno saudita.
«Durante su estancia en EE.UU., algunos de los secuestradores del 11 de septiembre estuvieron en contacto con personas que podrían estar relacionadas con el Gobierno saudita y recibieron su apoyo o asistencia», dice el documento, agregando luego que la información era especulativa y que no ha sido verificada.
Según información del FBI, dos de estos individuos habrían sido agentes de inteligencia sauditas.
El embajador de Arabia Saudita en ese momento, Abdullah Al-Saud, reaccionó a la publicación de estos documentos señalando que varias agencias del gobierno de Estados Unidos, incluyendo la CIA y el FBI, han investigado el contenido de esas 28 páginas y “han confirmado que ni el gobierno saudita, ni altos funcionarios sauditas, ni ninguna persona que actuara en nombre del gobierno saudita proporcionaron ningún apoyo o estímulo a estos ataques».
«Esperamos que la publicación de estas páginas aclare, de una vez por todas, cualquier pregunta o sospecha persistente sobre las acciones, las intenciones o la amistad a largo plazo de Arabia Saudita con Estados Unidos», indicó el entonces embajador saudita.
La demanda de los familiares, al igual que dos casos previos, fue desestimada por un juez federal que consideró que el reino saudita tenía inmunidad soberana en el caso.
Esos tres fallos se dieron antes de que el Congreso finalmente aprobara en septiembre de 2016 la llamada Ley de justicia contra los patrocinadores del terrorismo (Jasta, por sus siglas en inglés), que restringió la inmunidad soberana al excluir de esa protección los actos de terrorismo internacional o los daños causados a estadounidenses por agentes de gobiernos extranjeros cuando estos actúen en esa capacidad.
El Congreso, con apoyo bipartidista en las dos cámaras, derrotó el veto del entonces presidente Barack Obama, que al igual que su secretario de Estado, John Kerry, temían que esa ley tuviera potenciales consecuencias para la inmunidad soberana de EE.UU. en el exterior.
Según reportó en ese momento CNN, la diplomacia saudita habría advertido reservadamente que, de aprobarse la ley, probablemente los fondos soberanos del reino empezarían a deshacerse de sus activos estadounidenses, incluida una cartera de bonos del Tesoro valuada en US$ 750.000 millones, con las consecuencias que eso supondría para los mercados financieros. Pero esto no ocurrió.
La embajada de Arabia Saudita en Estados Unidos expresó en una nota de prensa publicada en 2017 con respecto a la desclasificación de 2016 que «en un intento de dar sentido a la tragedia, la gente suele aferrarse a teorías inverosímiles en lugar de aceptar verdades sencillas».
«Entendemos que la implicación de ciudadanos sauditas en los atentados del 11-S hace que esas teorías conspirativas sean atractivas para algunos. Pero es importante recordar también que Arabia Saudita ha sido víctima de decenas de atentados terroristas en los últimos 20 años. Al-Qaeda, en efecto, declaró la guerra al reino hace mucho tiempo», señala la nota.
¿Por qué no se actuó ante las advertencias?
Antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre, las agencias de inteligencia de Estados Unidos habían advertido en varias ocasiones sobre un posible atentado de parte de al Qaeda, pero las autoridades no actuaron en consecuencia.
Al Qaeda ya había atacado dos embajadas de Estados Unidos en Tanzania y Kenia en 1998, dejando un saldo de 224 muertos.
Ese mismo año diferentes agencias de inteligencia habían advertido en un informe sobre los planes de Bin Laden para coordinar un ataque en territorio estadounidense.
En septiembre de 1999, un año antes de los ataques, un reporte sobre terrorismo advirtió que al Qaeda «podría hacer estrellar un avión cargado de altos explosivos (C-4 y Semtex) contra el Pentágono, la sede de la CIA o la Casa Blanca».
En julio de 2001 el FBI alertó sobre personas de Medio Oriente posiblemente conectadas a al Qaeda que estaban recibiendo clases sobre cómo volar un avión, y en agosto, menos de un mes antes de los ataques, la CIA envió un comunicado urgente al FBI, al Departamento de Estado y otras agencias alertando sobre individuos conectados a al Qaeda.
Los mensajes no traducidos
Un día antes de los ataques, el 10 de septiembre, agencias de inteligencia de Estados Unidos interceptaron mensajes en árabe enviados desde Arabia Saudita a Afganistán, país donde se había refugiado Bin Laden, que hablaban de un presunto ataque. Fueron traducidos el 12 de septiembre, un día después del 11S.
Fuentes dijeron en ese momento a CNN que las intercepciones eran de suficiente interés como para ser estudiadas en un plazo en 48 horas, independientemente de los atentados.
Algunos funcionarios de Estados Unidos han argumentado que los mensajes en cuestión carecían de información específica que permitiera actuar, y que las agencias de inteligencia recolectan enormes cantidades de información a diario y que es imposible traducirla y procesarla tan rápidamente.
En 2015 la CIA desclasificó un informe interno que destaca los «problemas sistemáticos» en torno al manejo de la información que registró la agencia durante el período, aunque reitera que ningún empleado violó las leyes y que los errores en la recopilación de inteligencia no eran producto de la mala praxis.
¿Hacia dónde se dirigía el vuelo 93?
El 11 de septiembre de 2001 los terroristas de al Qaeda secuestraron cuatro aviones.
Los vuelos 11 de American Airlines y 175 de United Airlines se estrellaron intencionalmente contra las Torres Gemelas en el World Trade Center en Nueva York, matando a 2.753 personas. El vuelo 77 de American Airlines se estrelló contra el edificio del Pentágono, en Virginia, matando a 184 personas.
El cuarto avión, el vuelo 93 de United Airlines, cayó a tierra en un campo cerca de Shanksville, Pensilvania, matando a los 40 pasajeros y tripulantes. Se cree que el avión tenía otro objetivo, pero que los pasajeros a bordo intentaron retomar el control y los terroristas decidieron estrellarse.
Aún no está del todo claro qué ocurrió a bordo del vuelo 93 ni tampoco cuál era el objetivo de los terroristas, aunque investigadores han dicho que posiblemente buscaban estrellar el avión contra el Capitolio, el edificio que alberga al Congreso de los Estados Unidos, o bien la Casa Blanca, entre otros sitios emblemáticos en Washington.
El avión en ese vuelo, un Boeing 757, había despegado en Newark, Nueva Jersey, y se dirigía a San Francisco, California, cuando los cuatro secuestradores de al Qaeda tomaron el control y giraron para dirigirse a Washington.
Pero los pasajeros del avión recibieron noticias de los ataques en Nueva York y asaltaron a los secuestradores. Dos de ellos se encerraron en la cabina e intentaron disuadir a los pasajeros sacudiendo el avión.
Cuando esto no funcionó, y aún lejos de Washington, el terrorista que pilotaba bajó la nariz del 757 y lo hizo caer en un campo, al grito de «¡Alá es el más grande!», de acuerdo a las grabaciones de la caja negra del avión reveladas por una investigación del Congreso.